Documentos en Solidaridad Digital. Algunos clicks pueden cambiar el mundo

Siguen, desde luego, existiendo zonas de sombra, insuficientemente aclaradas, y sólo cabe esperar que en su día (tal vez mucho después de que incluso se cierren las investigaciones actuales) se logre completar el rompecabezas en el que, de momento, se superponen piezas muy heterogéneas. Como bien nos enseña la vida, la verdad es una aspiración inalcanzable que, en todo caso, habita al otro lado del muro que forman las innumerables verdades que cada uno sostenemos por convencimiento o por intereses más o menos legítimos. Sin embargo, esto no impide que nos embarquemos diariamente en su búsqueda, conscientes de que el fracaso acecha a cada instante. Este tipo de pensamientos ha debido estar presente en las respectivas salas donde los comisionados de Estados Unidos, Gran Bretaña y, más recientemente, España han intentado explorar las zonas oscuras que afectan a las responsabilidades políticas de sus respectivos gobiernos en relación con sucesos tan graves como los atentados del 11-S, la guerra de Iraq o el brutal ataque terrorista del 11-M.

En el primer caso, que algunos han presentado como ejemplar por su duración y por el volumen de personas convocadas, las comparecencias han servido fundamentalmente para hacer más visible lo ya conocido. En efecto, las enormes deficiencias de coordinación y eficacia de los dispersos y, en no pocas ocasiones, competidores servicios de información e inteligencia ya estaban sobradamente documentadas, aunque el gran público no fuera consciente de ello. Que, por ejemplo, hasta después del 11-S no existiera en el organigrama de la administración estadounidense un responsable equivalente a los ministros de interior europeos, no hace más que demostrar la falta de preparación de la superpotencia para lidiar con los problemas de seguridad en un entorno globalizado como el que nos está tocando vivir, al tiempo que pone de manifiesto hasta qué punto los intereses corporativos tienen capacidad suficiente para bloquear cambios, hasta que una catástrofe pone en evidencia su ineficacia. El interés fundamental del gobierno de Bush, obligado a poner en marcha la comisión correspondiente, ha sido evitar que sus conclusiones pudieran contaminar al candidato que se juega su futuro político el próximo 2 de noviembre. Que para ello haya tenido que exponer a sus servicios de inteligencia a la vergüenza pública, concentrando en ellos la responsabilidad del fracaso para hacer frente a los atentados del 11-S, no ha frenado a los promotores de la idea de "hacer del siglo XXI el siglo de América", que no han dudado en saltarse una norma básica de cualquier gobernante digno de tal nombre, consciente de que resulta vital para la seguridad nacional preservar a esos servicios de la pelea política cotidiana.
Algo parecido parece haber inspirado al equipo del primer ministro británico, Tony Blair, enlodado en su obligada defensa de la decisión adoptada de acompañar a su socio estadounidense en la desventura de Iraq. Aunque coyunturalmente ambos dignatarios logren salvar políticamente sus respectivas cabezas, tratando por otro lado de convencer a sus propias opiniones públicas de la bondad de sus acciones en defensa del mundo libre, los daños causados en términos de pérdida de credibilidad de la clase política, de erosión de la imagen y la efectividad de sus servicios de información y de notorio abandono de los valores y principios que, teóricamente, conforman nuestros sistemas democráticos, aunque menos visibles a corto plazo, deberían preocuparnos profundamente.
En el caso español, algunos representantes políticos parecen haber aprendido rápidamente de sus colegas británicos y estadounidenses, confundiendo sus intereses partidistas con los de carácter nacional. Evidentemente una comisión parlamentaria como la puesta en marcha el pasado 6 de julio, y que aunque se reunirá nuevamente a principios de septiembre puede considerarse totalmente cerrada a la espera de sus conclusiones finales, no puede sustituir en ningún caso a las instancias policiales y judiciales encargadas de investigar y determinar las responsabilidades penales en torno a los atentados del 11-M. Su labor principal, por el contrario, es al menos doble. Por una parte, escenificar ante una opinión conmocionada desde esa fecha el compromiso de todas las fuerzas políticas por trabajar en común y no ofrecer resquicios que puedan ser aprovechados por los violentos. Por otro, aprender de los errores cometidos y mejorar las capacidades para hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional.

Siguen, desde luego, existiendo zonas de sombra, insuficientemente aclaradas, y sólo cabe esperar que en su día (tal vez mucho después de que incluso se cierren las investigaciones actuales) se logre completar el rompecabezas en el que, de momento, se superponen piezas muy heterogéneas. Pero de lo que ha ido quedando en el camino recorrido hasta aquí, cabe destacar algunas evidencias:

- Ha habido un interés manifiesto por manipular la realidad, provocado por cálculos electoralistas del partido del gobierno anterior. Todo lo demás, incluyendo las posibles responsabilidades de otros partidos, sólo puede considerarse a partir de los errores cometidos por quienes creyeron, como en el caso del Prestige o de la implicación militar en la guerra de Iraq, que podían jugar fácilmente con la opinión pública.

- España estaba, está y estará en la lista de objetivos del terrorismo internacional. La respuesta a esta amenaza obliga a reevaluar la asignación de medios existente hasta aquí, dado que España ya no disfruta, como se entendía anteriormente, de una cierta garantía de seguridad a cambio de la permisividad mostrada con los elementos terroristas identificados en el territorio nacional en los últimos años.

- A partir de los errores detectados se percibe aún más la necesidad de incrementar la coordinación entre los diferentes órganos con responsabilidad en estas materias. El problema no es tanto de medios (la policía ha mostrado una gran eficacia en sus investigaciones desde el momento en que fue encargada de ello) como de voluntad política por asumir que la amenaza terrorista se ha duplicado.
Frente a las implicaciones que se derivan de los puntos anteriores, no siempre ha resultado comprensible la labor de los comisionados. Con excesiva frecuencia, y sobre todo en lo que respecta a los dos principales partidos políticos, ha parecido que sus representantes estaban más preocupados en descalificar cualquier acción realizada por el gobierno anterior o en servir de muro de contención contra esas críticas (jugando incluso con teorías conspirativas totalmente fuera de lugar). En lugar de ello, y como servidores públicos con responsabilidad en materias tan delicadas como la seguridad, cabría demandarles un mayor esfuerzo para evitar que pueda repetirse una tragedia semejante. La lucha contra las causas que alimentan el terrorismo, la necesidad de evitar cualquier atisbo de choque de civilizaciones, la búsqueda de una mayor coordinación, tanto interna como en el área internacional, la movilización de recursos y medios al servicio de una estrategia contraterrorista que entienda la importancia de contar con unos servicios de información incuestionados y capaces son, en resumen, sólo algunos de los elementos a considerar. ¿Estarán las conclusiones de la comisión orientadas en ese sentido o, inspirada por una visión cortoplacista, seguirá a británicos y estadounidenses en la labor de desorientación de la opinión pública y en el ejercicio de descrédito de los servicios de inteligencia y de acusaciones partidistas? La amenaza a la que nos enfrentamos debería obligar a un ejercicio de realismo de más largo alcance.

Comentarios: director@iecah.org

*Jesús A. Núñez Villaverde - Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid)
Texto para Radio Nederland, 2 de agosto de 2004




Enlaces: IECAH Creado por solidaridad_digital | 0 comentarios | 26/08/04 09:43

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