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Jesús Núñez Los recientes datos de población en España- que por primera vez supera los 43 millones de habitantes, gracias fundamentalmente al incremento de la población inmigrante, que ya representa el 7 del total- sirven como recordatorio de la significación que tiene el sostenido proceso de inmigración en el marco de la Unión Europea (UE). Visto por unos como un problema y por otros como un fenómeno, la creciente oleada de personas que aspiran a un futuro más esperanzador en territorio comunitario es ya percibida como un tema de alta prioridad en la agenda de la UE.

Para los primeros, los flujos migratorios constituyen una amenaza contra nuestra propia identidad, entendida en términos estáticos como un modelo de valores y principios inmutables. A partir de esta visión, y en el marco de lo que para ellos es un próximo e inevitable choque de civilizaciones, intentan articular una respuesta centrada en dos direcciones. Los que ya están dentro de la UE en situación regular sólo pueden aspirar a ser asimilados, lo que implica la renuncia a sus propias señas de identidad para disolverse sin dejar rastro alguno en la sociedad de acogida, mientras que para los irregulares la única expectativa es la expulsión directa. Para los posibles candidatos, que todavía no se hayan puesto en marcha o que no consigan su objetivo de entrada, el enfoque dominante pasa por tres líneas: la de combatir a los grupos que se dedican al tráfico de personas, la de buscar la colaboración de las autoridades de los países de emisión o de paso de los emigrantes para que admitan su readmisión inmediata y la de redoblar el esfuerzo para hacer más impenetrables las fronteras propias.

La política común de inmigración de la UE, iniciada de manera fragmentada con el marco de Schengen y continuada con mayor claridad a partir del Consejo Europeo de Sevilla (junio de 2002), presenta unos rasgos netamente restrictivos. Los Veinticinco parecen decididos a adoptar una postura defensiva a ultranza sin entender, y eso es lo relevante, que el problema no es que vengan, sino que el verdadero problema es que no vengan. Ya es un hecho hoy, y todo apunta a que lo será en mayor medida mañana, que la corriente de entrada es beneficiosa para los países de acogida tanto en términos sociales (una parte significativa de las tareas de cuidado de nuestros hijos y de nuestros ancianos está en manos de los inmigrantes), laborales (ocupándose de actividades que desdeñan los trabajadores autóctonos), demográficos (evitando, como sería el caso de España, que la población total se reduzca y retrasando el intenso proceso de envejecimiento de las poblaciones de los países desarrollados) y presupuestarios (en España, la mitad de los nuevos cotizantes a la seguridad social, en lo que va de año, son inmigrantes y, como acaba de reconocer el Banco de España, su actividad económica ha aportado al menos dos décimas al crecimiento del PIB en este último año). Podrían añadirse más factores benéficos a esta lista, sin que por ello se quieran ocultar otros menos optimistas que deben ser tenidos en cuenta en un proceso como éste.

No hay vuelta atrás. Para la Unión Europea, este siglo es, y lo será aún más en las próximas décadas, una época multicultural, en la que habrá que aprender a convivir sobre la base de un nuevo modelo y unas nuevas reglas de juego. El objetivo no puede ser la asimilación, sino la integración, asumiendo que es un proceso más complejo en el que las dos partes (sociedad de acogida e inmigrantes) tienen que recomponer sus propios esquemas de partida para llegar a un punto común que haga posible la convivencia. La referencia, y al mismo tiempo la línea roja que no se debe traspasar, es la de no renunciar o rebajar el techo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. No pueden existir espacios ajenos a la ley, o en los que ésta sea permisiva con violaciones de los derechos del individuo; pero eso no significa que las reglas actuales puedan mantenerse inalterables como si toda la sociedad fuera homogénea.

La integración de los que ya están entre nosotros supone, evidentemente, que los derechos y deberes son los mismos para todos, y, por lo tanto, junto a las exigencias que cabe plantear a quien no asuma adecuadamente su papel como un ciudadano comunitario más, habrá que eliminar sin excepción las prácticas discriminatorias en el terreno laboral (con diferencias de salario apreciables, cuando no de explotación directa de los más vulnerables), en el político (negando la posibilidad de elegir y ser elegido en las convocatorias electorales) o en el social (marginados en los programas de vivienda, salud o educación). No es este un camino fácil, puesto que obliga a pasar por encima de estereotipos negativos muy asentados en los imaginarios colectivos de cada pueblo y a ir a contracorriente de una dinámica alimentada por la controvertida "guerra contra el terror", según la cual cualquier extranjero es, por definición, sospechoso. Pero, de todas formas, es el único que está a la altura de lo que verdaderamente nos distingue como sociedades abiertas y democráticas.

Para que esta aproximación al tema sea realmente efectiva, tiene que venir acompañada de otras dos: la gestión común de flujos y el apoyo al desarrollo de los países de emisión. En el primer caso, se trata de lograr acuerdos con los gobiernos de esos países para regular en común unos flujos ventajosos para los partes. Así se hizo en el pasado (no está muy lejana la época en la que los españoles buscaban en Alemania lo mismo que ahora los ecuatorianos o marroquíes buscan en España) y así debe hacerse ahora, dado que ni la idea de una fortaleza europea blindada al exterior es viable (ni deseable), ni es posible plantear a medio plazo un régimen de libertad total de movimientos de personas. En el segundo- el más importante por muchas razones que van desde la solidaridad con los más desfavorecidos hasta las deudas históricas, pasando por el egoísmo inteligente que hace ver las ventajas de promover el desarrollo y la estabilidad de nuestros vecinos- implica un cambio radical de comportamiento, puesto que hasta ahora nunca se ha asumido realmente la necesidad de apostar por esta vía. Si realmente nos preocupa que la situación en esos países se deteriore, hasta el punto de que la inestabilidad que ello genera se vuelva contra nuestros intereses, cabe recordar que la UE está suficientemente dotada para reaccionar adecuadamente. Con apoyo económico (comercial y financiero, principalmente) y político, sin olvidar el establecimiento de cláusulas de condicionalidad que presionen a los ineficaces gobiernos actuales a adoptar reformas de sus modelos a favor de su población, se puede servir al objetivo de frenar la corriente migratoria, contribuyendo así a fijar a la población en sus lugares de origen.

No son éstas precisamente las vías que parecen concentrar la atención de las autoridades comunitarias. En este último año, sin ir más lejos, han preferido orientar sus esfuerzos principales a poner en marcha un sistema de control, inequívocamente restrictivo, de las solicitudes de asilo (con la idea añadida de establecer una lista de "países seguros", que anuncia tiempos peores para quienes huyen bajo amenaza de sus países) y de las peticiones de reagrupamiento familiar, una agencia comunitaria para el control de las fronteras, unos acuerdos de readmisión forzada con un numeroso grupo de países y, como última novedad preocupante, el establecimiento de "campos de acogida" para solicitantes de asilo e inmigrantes irregulares en territorio de terceros países (inicialmente del Norte de África). ¿Hasta cuándo va a continuar esta ceguera?

Jesús A. Núñez Villaverde - Director del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid)
Texto para Radio Nederland, 18 de octubre de 2004

Fuente:Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH, Madrid)


Enlaces: Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Hu Creado por solidaridad_digital | 0 comentarios | 26/10/04 16:57

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