Documentos en Quipu Latinoamericano

Por Mempo Giardinelli Los televidentes de todo el mundo suelen engancharse con esas películas de vida carcelaria que el cine norteamericano ha producido por décadas y cada tanto se reponen en la televisión argentina con buen rating. La explicación a esta empatía probablemente radique en el miedo que todos tenemos a perder la libertad.

Hollywood ha sabido hacer con esta fascinación una verdadera docencia antidelictiva, seguramente estimulada desde el poder político. Al contrario de los movileros argentinos que desarrollan inconscientes pedagogías del delito mostrando todo sin sutileza alguna, con perfecto descontrol estatal y morbo ejemplar.
Lo cierto es que la sola idea de la cárcel produce siempre repulsa, pero a la vez desata una espantosa proyección imaginaria, por el miedo apuntado y por la natural inclinación humana a observar los albañales de la vida.
De hecho, nadie está exento de caer preso algún día. Y todos sabemos, de modo más o menos conciente, que en un sistema judicial como el argentino cualquier cosa es posible. La famosa inseguridad jurídica no es —y no tiene por qué ser— solamente la garantía para supuestos inversores extranjeros que cada tanto vienen a depredar nuestras riquezas ayudados por economistas y políticos venales.
No. La peor inseguridad jurídica de la Argentina es la que padecen esos ciudadanos de tercera categoría, de hecho subhumanos, que son los presos. Y en particular los sometidos al escalofriante sistema carcelario bonaerense, que es hora de que adquiera carácter de escándalo nacional y sobre el cual el silencio termina por ser ofensivo a la dignidad humana. Datos del propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires reconocen que en lo que va de este año (sólo en los primeros 59 días de enero y febrero de 2005) se produjeron 51 muertes en los penales bonaerenses.
De acuerdo a la por demás sospechosa clasificación del Servicio Penitenciario de esa provincia, 22 fueron por causas “no traumáticas” (11 por SIDA y 7 por “paros cardiorespiratorios”, que parecen ser una absurda epidemia) y 29 por “causas traumáticas” como ahorcamiento (3), asfixia y quemadura (9) y herida de arma blanca (17), por lo visto también epidémicos. Y todo esto —hay que subrayarlo— en apenas los dos últimos meses.

Más allá de los muchos energúmenos que hay en la Argentina capaces de pensar y decir que si alguien está preso “por algo será”, y de los que siempre exigen y se solazan con “manos duras”, estos números hablan a las claras de la impunidad existente en una institución oficial largamente sospechada de corrupción, torturas, tráfico de drogas y delitos por encargo.
Este promedio de casi un muerto por día en el sistema carcelario es inédito en el mundo entero, y eso que no se incluyen en la estadística las muertes producidas en cárceles nacionales también existentes en territorio bonaerense. Y otro agravante de la situación es que la gran mayoría de estas víctimas —cuyos casos casi nunca salen en los diarios ni en la tele— no son condenados, sino procesados sin condena (el 70), de los que están llenas las cárceles argentinas.
De esta inseguridad jurídica casi no se habla, como no se habla de la responsabilidad de esos rigurosos señores de traje y corbata, o señoras de traje sastre y ceños y entrepiernas bien fruncidos, que se supone administran Justicia llenando cárceles sin que se les importe un pito la suerte de los muchos miles de desdichados que, como usted y como yo, un día cualquiera pueden caer en sus manos.
Esas engoladas e inhumanas Señorías ya no son, como fueron, la excepción; hoy parecen ser la regla en este pais en el que cualquier quiosquero que no paga impuestos va preso mientras empresarios que vacían fábricas o bancos gozan de libertad. Y donde los asesinos de Cabezas salen libres uno por uno, y encima le harán juicios al Estado (o sea a todos nosotros), mientras el ladrón de gallinas o el chico desesperado por un porro pueden pudrirse en la cárcel, esa institución que en la Argentina dejó de ser instituto correccional de readaptación para devenir escuela de posgrado en delitos.
Es urgente, de una vez por todas, reformar el sistema judicial y eliminar la criminalidad de uniforme de los servicios penitenciarios hoy amparados por reglamentos de la Dictadura. El sistema carcelario argentino (no es mucho mejor la situación en el resto del país) no admite más solución que disolver los cuerpos existentes y crear nuevos institutos con una nueva —y humana— legislación que reemplace la actual.
Una Democracia en construcción, como la nuestra, exige correcciones más urgentes que otras. Ésta es una de ellas. •
Creado por julio_h | 0 comentarios | 24/03/05 16:46

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