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El aniversario de la declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, es una ocasión propicia para reflexionar sobre aspectos de la crisis social del país, que conllevan graves atentados contra la dignidad humana. Al lado de las masacres, las “desapariciones” forzadas, los desplazamientos y los secuestros, formas más veladas de violencia configuran el mundo inhóspito en el que habitan los sectores mayoritarios de la sociedad.

Según las propias estadísticas oficiales, el 60 de la población colombiana (29 millones de compatriotas) vive en la pobreza; un concepto que abarca categorías sociales que van desde los “subempleados” hasta los indigentes. En el otro extremo de la balanza de inequidad, el 10 de la población, que concentra el 45 de la riqueza, hace ostentación de un modo de vida fundado en el consumo de bienes lujosos y el despilfarro.

Un lugar común de la ideología gubernamental es negar el nexo entre la miseria y la guerra, como si en Colombia el deterioro general de las fuentes de subsistencia se presentara totalmente desligado del conflicto armado. La pobreza no es sólo una de las más poderosas causas de la violencia armada, sino también es, en sí misma, una forma de violencia. Se trata de una condición de la persona cuyas terribles implicaciones no se expresan simplemente en parámetros económicos, índices de alimentación o tasas de acceso a los servicios. Tales parámetros constituyen sólo el trasfondo material de un estado de exclusión absoluta en el que los individuos ven aniquiladas sus fuerzas esenciales y negada su personalidad jurídica y política.

La miseria es, además, una forma de violencia que se pretende esconder a toda costa, segregando a los pobres en zonas donde la realidad diaria de su inopia quede oculta. Millones de personas habitan en un entorno que desconocen los llamados “ciudadanos”; su existencia transcurre en esos guetos denominados “comunas” o “zonas marginales”; su drama cotidiano consiste en esquivar el hambre y las circunstancias brutales que rodean la lucha por la supervivencia. Esa realidad “ajena” sólo irrumpe en las pantallas de los televisores cuando la penuria material conduce a catástrofes que dejan muertes masivas, o cuando los desastres naturales entrañan calamidades que afectan a miles de personas, o cuando la degradación humana produce hechos abominables (proxenetismo de menores, violencia intrafamiliar, incesto). Es en esas situaciones devastadoras que la “gente de bien” reacciona alarmada o “caritativa”.

Tarde o temprano, las modalidades de violencia que conducen al colapso de poblaciones enteras por vía del empobrecimiento deberán ser consagradas en el derecho internacional como crímenes contra la humanidad, tan graves y destructivos como aquellos en que con el uso de la fuerza y las armas se atenta contra la integridad de la persona. La indigencia social no proviene de una “violencia estructural” propia del comportamiento objetivo del mercado. En la raíz de este desolador fenómeno se encuentran decisiones u opciones económicas tomadas por seres humanos de carne y hueso: líderes políticos y empresariales, jefes de instituciones financieras internacionales, patrones de las multinacionales, etc. Las víctimas de la pobreza merecen verdad, justicia y reparación.

Es indignante que arresten a una figura intelectual como Lisandro Duque por ejercer el derecho a la libertad de opinión, mientras que en este país muchos de los autores de crímenes atroces y de fraudes millonarios gozan de inmunidad judicial.
Creado por poderpodrido | 0 comentarios | 16/12/04 23:00

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